Economista sostiene que ambigüedad de la Ley de Estacionamientos hacía previsible que empresas subieran sus tarifas

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a enfrentar el alza de precios que han experimentado los aparcamientos luego de la puesta en marcha de la nueva Ley de Estacionamientos, que modificó los tramos en que las empresas pueden cobrar, pero no las tarifas. El secretario de Estado defendió la nueva normativa y culpó exclusivamente a las empresas de la subida de tarifas, a quienes criticó por “subirse por el chorro”.

Para el economista, experto en marketing de servicios y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Enrique Marinao, las modificaciones introducidas en la nueva disposición legal hacían previsible esta alza de precios. “Obviamente, ese es un efecto sustentado en la absoluta ambigüedad que tiene el marco regulatorio legal donde se mueven las empresas”, afirma.

Para el doctor en ciencias empresariales, el principal problema de la normativa es que “no se hace distinción entre quienes ofrecen estacionamientos como negocio principal y quienes lo hacen como servicio accesorio, como la salud y los malls”, puntualiza. En este último caso, el economista estima que no deberían cobrar un solo peso, “pero la ley permite todo y mientras eso no se zanje, vamos a seguir dándonos vueltas al mismo problema”, lamenta.

“Lamentablemente, mientras no se distinga entre uno y otro, cuesta responsabilizar a los empresarios. Ellos van a navegar en las aguas jurídicas y legales que les plantee el legislador”, complementa el economista. “Un empresario cuyo negocio es ofrecer un estacionamiento tiene la potestad de cobrar lo que quiera. Nadie puede acusarlo de que se esté ‘subiendo por el chorro’, como dice el Ministro. Son las reglas de libre mercado”, señala.

“Los empresarios tienen la potestad y el derecho de establecer los precios que estimen convenientes, de acuerdo a lo que está ofreciendo el mercado”, agrega. “Si la regulación del mercado da espacio para maximizar los resultados de la empresa, basados en la ambigüedad que tiene esta ley, obviamente que el empresario lo hará”, indica.

“La ley está mal estructurada”, sintetiza. Para el experto, en esta discusión se debió haber ponderado “el mantener las reglas del juego del libre mercado versus el beneficio al que puede acceder el consumidor”, concluye.

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